GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO DEMANDARA A JUEZ FEDERAL POR DEJAR EN LIBERTAD A SUPUESTO DEFRAUDADOR DE FIDEICOMISO

GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVO LAREDO DEMANDARA A JUEZ FEDERAL POR DEJAR EN LIBERTAD A SUPUESTO DEFRAUDADOR DE FIDEICOMISO
“la resolución jurídica nos llena de dudas e incertidumbre al generar sospechas de corrupción e impunidad”. Ramón Garza Barrios.
Juan Manuel Reyes Cruz 22 de enero de 2009
“El municipio no tolerará que un juez federal se burle de Nuevo Laredo, estamos en total oposición, indignados e inconformes ante el mal trabajo presentado por el juez federal Ricardo Samaniego al dejar en libertad a Gabriel Marin Loya, con el pobre argumento de que no era funcionario público” fueron las primeras palabras del alcalde de esta ciudad, Ramón Garza Barrios, quien acompañado de regidores de todos los partidos políticos en función, aseguró que el juez federal actuó en una forma que indica sospechosismo de corrupción e indignación para el pueblo de Nuevo Laredo. El jefe de la comuna dijo que no descansará hasta que se regrese la cantidad de 32 millones de pesos, que desaparecieron del fideicomiso del programa de Reservas Territoriales. Por su parte el director jurídico, Luis Lauro García, afirmó que existen otras 18 órdenes de presentación que no han sido aclarados y existe otra investigación contra el anterior director de Reservas Territoriales, Juan Francisco Hinojosa Maldonado, sobre quien pesa una denuncia por desfalco de 6 millones de pesos, descubierta en su momento por el síndico Luis Edmundo González Elizondo. En el caso del ex director de Fideicomisos Municipales, la resolución jurídica nos llena de dudas e incertidumbre al generar sospechas de corrupción e impunidad. Con gran indignación, al revisar los antecedentes, nos damos cuenta que ni siquiera fue revisado el caso por el juez federal y se basó en un mero tecnicismo jurídico mediante el cual le otorgó el amparo al acusado. Es innegable que el Juez Federal que concedió el amparo, limita de esta manera la acción del Juez Penal para reclasificar el delito, no obstante que le otorgó plenitud de jurisdicción. Porque al clasificar el delito el Juzgado Federal como improcedente, bajo el pobre argumento de que el inculpado no pertenecía al servicio público, se olvidó de la máxima de que cualquier persona, institución u organismo que tenga acceso a fondos públicos, debe responder con honestidad, responsabilidad y trasparencia a su aplicación. Se aseguró que el cabildo enviará una carta al gobierno federal y al magistrado federal para que se conozca el proceder del fallo otorgado por el juez federal Ricardo Samaniego, quien al parecer favoreció al inculpado Gabriel Marin Loya. Fue un juez federal y la procuraduría de justicia del estado de Tamaulipas, quienes decidieron que Gabriel Marin Loya, no es culpable del desfalco a esa dependencia después de permanecer encarcelado por casi 11 meses. Al no encontrar culpables, por parte de la PGJE pero si notar que hay un faltante de 32 millones 200 mil pesos, el presidente municipal Ramón Garza Barrios, y el gobierno local, entregará un nuevo expediente con evidencias que denotan un faltante de 18 millones de pesos del programa de Reservas Territoriales. Lo que se busca es que el licenciado Gabriel Marin Loya o algún otro funcionario sean reconocido como servidores publicos, del 2005 a 2006, tiempo de gestión del acusado ya que esa fue la razón por la cual, Marin Loya quedó en libertad al no ser reconocido como funcionario publico ya que el programa mencionado no depende directamente del municipio, ya que el manejo de sus ingresos depende del pago de mas de 7 mil familias que viven en casas que se construyeron con fondos federales en 1998 con valor de 23 mil pesos, y que pagarían durante casi 10 anos. Fue el gobierno estatal quien llevo a cabo una auditoria encontrando a principios del 2007, que existía un faltante de 32 millones 200 mil pesos. Sin embargo el municipio de Nuevo Laredo, asegura que el desfalco es de 11 millones 600 mil pesos y otros 6 millones que se descubrieron fueron saqueados en diciembre de 2007 y denunciado ante el ministerio publico por el sindico Luis Edmundo Gonzáles Elizondo. Según el gobierno del estado, por parte de sus auditores, detectaron más de 20 irregularidades. Gabriel Marin Loya, salio en libertad el 17 de este mes, por que la procuraduría de justicia estatal en sus investigaciones dejo pasar la posibilidad de que los abogados del acusado comprobaron mediante lagunas en la ley de castigo a servidor públicos que Marin Loya, no era funcionario publico la manejar un fideicomiso y no una dependencia de los tres niveles de gobierno.