viernes, 30 de septiembre de 2011

Investigan presuntas irregularidades de ex funcionario de Comunicación Social de Tamaulipas



































































30 Septiembre 2011
Juan Manuel Reyes Cruz
(01:15 p.m.

La Controlaría Gubernamental de Tamaulipas documenta las presuntas irregularidades en el manejo de las finanzas que en la pasada administración pudo cometer la Coordinación de Comunicación Social y advierte que las compulsas a periodistas continuarán. El portal de noticias CNT, da a conocer este día que: Aunque aún no se ha elaborado un informe que determine alguna responsabilidad del ex titular del área Mario Ruiz Pachuca en un posible desvió de recursos, la dependencia colabora con la auditoría en la revisión de la documentación correspondiente al último semestre de dicha cuenta pública, explicó la contralora, Gilda Cavazos Lliteras. "Actualmente se está haciendo una revisión al área de Comunicación Social y en cuanto haya resultados se les podrá informar". Recordó que parte de los procedimientos de auditoría requieren hacer compulsas para verificar que las facturas que se pagaron efectivamente correspondan a los proveedores que las expidieron y en el caso específico del área de Comunicación Social se coteja la información de al menos 100 comunicadores que durante la pasada administración prestaron sus servicios al gobierno de Tamaulipas y por ello recibieron un pago. La contralora advirtió que dentro del programa de trabajo de su dependencia este tipo de procedimientos serán permanentes y los cotejos a proveedores se harán de manera más escrupulosa. "Se va a fiscalizar el ejercicio del gasto público en todas las dependencias y entidades de la administración para que el recurso sea aplicado de acuerdo a la normatividad correspondiente en las leyes de la materia". Cada uno de los reporteros sin mediar medios de comunicación, tiene 10 días hábiles para responder y entregar a la Auditoría Superior de la Federación, los documentos que utilizaron para obtener un pago por concepto de pago publicitario al gobierno del Estado. En caso de omitir información, o no responder, se aplicará una multa de 800 salarios mínimos.








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